Las cuentas galanas de 1936
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García certifican el fraude electoral que permitió la victoria del Frente Popular tras años de trabajo sobre las actas
Un grupo de trabajadores celebra el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936. EFE
Con gran fanfarria ha saludado la más rancia derecha la supuesta demolición de un tabú que estaría oculto, como aseguran los autores de tan estupenda hazaña, “por montañas de sombras y mentiras”, a saber, que el Frente Popular ganó por mayoría absoluta las elecciones de febrero de 1936 solo gracias a un “fraude decisivo”. Tras años de trabajo realmente ímprobo sobre las actas de las mesas electorales, Álvarez Tardío y Villa se presentan como debeladores de un fraude cometido en un clima de violencia por el Frente Popular. Su supuesta victoria en las urnas habría servido para otorgar legitimidad a un cambio de Gobierno sostenido exclusivamente en la decisión personal del jefe del Estado: tal es el nudo del argumento desarrollado en este libro.
De manipulación de actas electorales en varios distritos se habló desde los mismos días del proceso electoral, y de fraude ya decidió una comisión de eximios juristas del antiguo régimen, montada por Ramón Serrano Suñer en diciembre de 1938, en su dictamen sobre “la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936”. Y al fraude dedicó Javier Tusell un capítulo de su estudio sobre estas elecciones, pionero en el género; o sea, que de tabú nada, sino más bien lugar común; como tampoco era tabú el recuento y análisis de actos de violencia política y policial que acompañó todo el proceso y continuó en las semanas siguientes, objeto de recientes y excelentes estudios de Rafael Cruz o Eduardo González Calleja.
Todo en el libro es conocido salvo el carácter decisivo de la manipulación de actas en media docena de distritos
Todo, pues, conocido y trabajado si se exceptúa el carácter decisivo —en el sentido de inclinar la mayoría absoluta a una de las dos supuestas coaliciones en disputa— de la manipulación de actas que tuvo lugar en media docena de distritos electorales. Y es lástima que para demostrar dónde y cuándo se produjo esa decisiva influencia, Álvarez Tardío y Villa no hayan sentido la necesidad de argumentar sobre cuál de las diversas candidaturas lideradas por la CEDA habría dejado sentir sus efectos ese fraude hasta convertir a una de ellas en mayoritaria. Lástima porque, tras su original indagación en las actas, han optado por la más engañosa vía posible: agregar los resultados de todas las candidaturas en las que figuraba la CEDA como si se tratara de un frente o coalición, un bloque, una concentración de partidos, términos reiterados una y otra vez para identificar la inexistente candidatura de lo que llaman coalición antirrevolucionaria.
No fue así y, especialistas como son en el estudio de elecciones, lo saben de sobra. Cierto, en la izquierda no quedó nadie, desde comunistas hasta republicanos de centro, sin integrarse en el Frente Popular. Pero los candidatos aquí identificados como constituyendo un bloque, un frente, una coalición o una concentración antirrevolucionaria estaban muy lejos de haber alcanzado un acuerdo, ni firmado un programa o un manifiesto, que les permitiera presentarse como formando parte de una candidatura única de la que habría de salir un Gobierno. Más bien ocurrió lo contrario, y el mismo Gil Robles se encargó de aclararlo cuando proclamó en el Monumental Cinema de Madrid que los compromisos de la CEDA con “el partido o la fuerza que sea… no vivirán ni un día más allá del compromiso electoral”.
Al haber agregado datos electorales —al haber mezclado churras con merinas, por decirlo coloquialmente— dando por existente un bloque de derechas enfrentado a un frente de izquierdas, distanciados solo por unos miles de votos, los autores argumentan que, al producirse tachaduras y correcciones de actas en media docena de distritos, la mayoría absoluta que debía haber ido al bloque de derechas fue para el de izquierdas. Pero esto no pasa de ser una lucubración que dice poco en favor de su pretendida neutralidad valorativa, porque no ya 300 diputados, como gritaban los jóvenes católicos fascistizados, ni siquiera 200 habría alcanzado ninguna de las coaliciones lideradas por la CEDA. A no ser, claro está, que se sumen centristas, radicales, conservadores, liberaldemócratas, agrarios, alfonsinos, tradicionalistas y tutti quanti como formando parte de una sola candidatura con tal de que en ella hubiera además alguien de la CEDA: una forma muy galana de sacar cuentas.
Y así, con esa galanura, vuelven los autores a echar sobre Alcalá Zamora la culpa de haber “legitimado a posteriori” el triunfo del Frente Popular al encargar antes de tiempo la formación de Gobierno a Manuel Azaña. Ah, si hubiera esperado a la reunión de Cortes… Por supuesto, con contrafactuales se puede argumentar cualquier cosa, pero ante la espantada de Portela y la fuga de Gil Robles, y a la vista de los resultados electorales firmes y hechos públicos por las respectivas juntas hasta la mañana del 19, Alcalá Zamora no tenía más opción que llamar a su Azaña bien odiado. Ante el cantado triunfo del Frente Popular y los rumores y amenazas, también cantadas, de rebelión militar, a nadie encontró dispuesto a hacerse cargo del Gobierno. ¿Qué podía hacer sino implorar a Manuel Azaña que le sacara las castañas de un fuego que él mismo había encendido y atizado?
‘1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular’. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa. Espasa, 2017. 623 páginas. 23,66 euros.
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