El éxodo rural y la falta de dinero arruinan el patrimonio cultural
Cientos de edificios y monumentos históricos están en peligro en los pueblos por abandono
La extinción de las cajas de ahorro ha diezmado el presupuesto para conservación
Madrid
Ruinas de la ermita visigoda de San Ambrosio en Barbate (Cádiz). J. A. CAÑAS
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La ermita visigoda de San Ambrosio, en la localidad gaditana de Barbate, languidece sin cubiertas, afeada por pintadas de vándalos; el palacio fortificado de los Zúñiga, en Curiel del Duero (Valladolid), del siglo XV, está expoliado y en ruina; el monasterio barroco de Santa Fe, en Zaragoza, amenaza derrumbe. Estos edificios y muchos otros figuran como protegidos por la Administración, pero solo sobre el papel. La despoblación rural es el origen del riesgo en el que están algunos exponentes del patrimonio español, pero los presupuestos estatales no están a la altura de dar una solución: han caído casi a la mitad en unos años. Con todo, la gran pérdida ha sido la casi desaparición de las cajas de ahorro y su obra social, que aportaban la mayor parte de los recursos para proteger la riqueza cultural de cientos de pueblos.
España es el tercer país con mayor número de bienes patrimonio de la humanidad, por detrás de China e Italia. La zona con más riesgo se sitúa "en la raya con Portugal, las lindes con Ourense, Lugo, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y, en el interior, Palencia, Soria, Teruel, Guadalajara y Cuenca", detalla José María Pérez, Peridis, presidente de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, orientada a extraer desarrollo económico y social de las piedras del pasado. "Es una España que se vacía, pueblos con poca gente, iglesias cerradas y monasterios casi sin religiosos. Es imparable, como un terremoto a cámara lenta". Peridis opina que, por más que se restaure, si no hay población todo se deteriorará otra vez.
¿Qué hacer entonces con esas iglesias, ermitas, puentes, castillos… a punto de venirse abajo? "Política preventiva. Si no se puede restaurar, mejor tapiar que dejarlos caer", asegura Peridis.
Hasta hace unos años, las cajas de ahorro, extinguidas durante la crisis, financiaban buena parte de las actuaciones en el patrimonio. Aportaron cerca de 109 millones en 2008, casi el doble que el Gobierno, pero esa cantidad cayó hasta los 11,2 millones en 2012. Así lo recoge el informe de la asociación Protecturi elaborado con datos oficiales de todas las Administraciones y titulado El impacto de la crisis en el patrimonio histórico. El gasto gubernamental en patrimonio ha registrado una reducción "del 44% entre 2008 y 2014, de 464 millones de euros a 261, en cifras redondas", detalla José Manuel García Diego, de Protecturi. En el periodo 2015-16, la caída fue del 5%, a pesar de que ya se estaba "en una teórica recuperación".
La solución, opina Peridis, está en el modelo de repoblación de la Península en la Edad Media
En el capítulo concreto del presupuesto sobre "protección del patrimonio", desde 2008, la reducción es del 68%, de 14,5 millones a 4,6, incluida la partida de las cuentas presentadas el 4 de abril para 2017. Hay un raquítico incremento con respecto a 2016 de unos 230.000 euros. En “conservación y restauración” el desplome es del 72,5% desde 2008, hasta quedar en la actualidad en 13,76 millones. El incremento calculado para este año es del 7,41%, pero "es engañoso". "No existe un esfuerzo porque se centra en una aportación al Obispado de Tenerife para la catedral de La Laguna", explica García Diego.
En patrimonio, la Administración competente son las Comunidades Autónomas, aunque el Estado se reserva la actuación en "exportación de bienes, expoliación y protección jurídica", señalan en el Ministerio de Cultura. Protecturi advierte de la complejidad de calcular los recursos destinados en el ámbito autonómico. Con datos de 2008 a 2013, el presupuesto cayó más de la mitad, de 590 millones a 259, cifra la asociación. Y en las entidades locales esa bajada fue del 61%, de 657,2 millones a 254,6. "Sumados los presupuestos de todas las Administraciones, el gasto en patrimonio histórico ha pasado de 912,5 millones en 2007 a 199,6 en 2013. Se está "cronificando la austeridad", lamenta García Diego.
Para Peridis, el problema fundamental es que esta situación por la que atraviesa el patrimonio solo se puede revertir interviniendo en la población. "Pero se necesitarían al menos 20 años", apunta. La solución, opina, está en el modelo de repoblación de la Península en la Edad Media. "Entonces los reyes otorgaron ciertos privilegios rurales. Hoy debería hacerse algo parecido, llevando buenos servicios e Internet con velocidad, reduciendo impuestos en el campo, con políticas de discriminación positiva para las mujeres y con desgravaciones para la restauración de patrimonio… Hay que facilitar reasentamientos, pero con actividades que no sean solo agropecuarias. Bastante gente podría vivir de rehabilitar esos edificios".
Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, asociación surgida en 1976 para la protección del patrimonio, añade que "revitalizando esas zonas la gente volvería a sus pueblos, aunque sea de forma esporádica". "Eso constituiría una fuente de recursos a través de restaurantes, comercios, hoteles…". Hispania Nostra recoge en su "lista roja" más de 700 monumentos que considera en peligro.
En este cuidado del patrimonio hay un protagonista ineludible, la Iglesia, los obispos, dueños de cientos de monumentos, en algunos casos gracias a las polémicas inmatriculaciones, con las que han puesto a su nombre bienes de los que no eran propietarios. "Deben entender que sus templos no solo tienen una función religiosa, sino también cultural, sobre todo cuando están vacíos", asevera Peridis. Pereda afirma que ha habido una evolución en este asunto: "La Iglesia se ha dado cuenta de que bienes de su propiedad se han salvado por la implicación de la gente de los pueblos".
"Un plan nacional"
Peridis reivindica "un plan nacional que recoja todo el inventario patrimonial, que no está informatizado, y fijar prioridades. Para el arquitecto y dibujante, "el románico es el arte más en peligro, porque es el más antiguo y rural". Pereda suma otra cuestión, ya familiar para los que gustan de visitar el patrimonio histórico en la España rural: la señalización. "Es horrorosa, los monumentos no son accesibles, muchas veces no se sabe ni cómo llegar a ellos".
Otra tarea, según la presidenta de Hispania Nostra, es actualizar la ley de patrimonio, porque ese concepto "se ha ampliado" desde su aprobación. "No solo hay que proteger lo que tiene valor artístico e histórico, sino el entorno del monumento, el paisaje que lo rodea". A esto se refiere también la Secretaría de Estado de Cultura, que admite la necesidad de introducir nuevas categorías de patrimonio, como los paisajes culturales. No obstante, el secretario de Estado, Fernando Benzo alaba el texto legal "proteccionista" que fue consensuado "con todas las fuerzas políticas", de 1985.
La posibilidad de privatizar el patrimonio para impedir su deterioro no es algo que comparta Peridis: "Lo que es de todos, debe costearse entre todos". Sin embargo, Fernando Benzo recuerda "el papel fundamental" que han desempeñado muchas empresas y remite a la próxima aprobación de una ley de mecenazgo para incentivar "actuaciones privadas". El portavoz de Protecturi reclama "con urgencia" esa norma "para que el dinero pueda llegar". Las piedras no tienen por qué ser una ruina. Es más, como decía Unamuno, "hasta una ruina puede ser una esperanza".
UNA LISTA ROJA CON 800 ELEMENTOS
A pesar de la dificultad de un inventariado del patrimonio en peligro, la asociación Hispania Nostra abrió, hace 10 años, una "lista roja" que recoge los bienes en riesgo de desaparición, para "llamar la atención" a las administraciones afectadas. Elaborada con información de la red de asociaciones de patrimonio de toda España, la lista roja está supervisada por una comisión formada por un arqueólogo, un arquitecto y un restaurador. En la actualidad, contiene unos 800 elementos de carácter arqueológico, militar, religioso, civil y natural. Desde su creación, el 14,1% se ha retirado del listado por haber sido “consolidado o restaurado”. La provincia de León, con 48 entradas, es la que encabeza la lista.
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